Un total de 1.170 niños que llegaron por vía marítima a España en situación irregular han cumplido los 18 años esperando que el Gobierno regularizase su situación . Un hecho provocado, por un lado, por la lentitud del Gobierno durante el proceso de reubicación y por otro, por las reticencias de las autonomías a acoger el número de menores que el Ejecutivo les había impuesto, que deja a estos más de mil jóvenes en una situación de desprotección y vulnerabilidad.Antes de alcanzar la mayoría de edad, estos niños y adolescentes que llegaron a España sin sus progenitores tenían derecho a un trato preferente en el sistema de protección , con medidas especiales para garantizar su bienestar. Pero al cumplir la mayoría de edad su situación cambia drásticamente, siendo ahora parte del sistema de general, con menos garantías y recursos para su integración. En la mayoría de casos quedan desprotegidos, en la calle, en Canarias, Ceuta o Melilla, al albur de los servicios sociales de cada lugar que deben hacerse cargo de ellos.Muchos de los niños quedan desprotegidos, en la calle, al albur de los servicios sociales de Canarias, Ceuta o MelillaHace doce meses, tras una queja del Gobierno de Canarias, el Tribunal Supremo dictó un auto que obligaba al Gobierno a asumir la acogida de los menores peticionarios de asilo que permanecían en las islas, muchos de los cuales recalaban en España tras haber huido de situaciones de violencia y persecución. El ministerio dirigido por la ahora portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, desoyó a los tribunales hasta que, en agosto, inició los primeros traslados. Ese mismo mes se aprobó también la contingencia migratoria. Ante los flagrantes y reiterados incumplimientos por parte de la administración del Estado, el alto tribunal dio un ultimátum al Gobierno .Noticia relacionada general No No «La reunión es ilegal» Las autonomías del PP plantan a Sira Rego e impiden el debate sobre los menores no acompañados Joan GuiradoPlantón de las autonomías del PPAyer hubo un nuevo plantón de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Los consejeros responsables de la atención de los menores tutelados no acudieron ayer a la reunión convocada por Rego para abordar la prórroga del reparto forzoso que el Ejecutivo aprobó el año pasado en contra del criterio de las autonomías. Su ausencia impidió la celebración de la cita tal como estaba prevista, pera para la ministra eso no cambia nada. «Se dan por enteradas», afirmó en una atención a los medios de comunicación.2025 El año que empezó el reparto Pese a que en marzo se aprobó el decreto para la reubicación, no fue hasta agosto cuando se aprobó la contingencia migratoria dando lugar al reparto que se inició a finales de añoEse reparto obligatorio por la península de menores extranjeros no acompañados, impulsado por el Gobierno hace unos meses, afrontaba ayer un momento clave con la proximidad de su fecha de finalización y la necesidad de decidir sobre una posible prórroga del sistema que ya se incluía en el primer decreto, aunque hará falta aprobar uno de nuevo en Consejo de Ministros. Hace unos días la Comunidad de Madrid ya avisó a Sira Rego que no iba a aceptar ni un niño más al considerar que el plazo había expirado. De hecho la consejera madrileña llegó a tachar de «ilegal» la reunión de este miércoles.El plazo inicialmente fijado para este reparto expira en las próximas semanas, lo que obliga al Ejecutivo a plantear formalmente su continuidad si desea mantener el modelo, teniendo en cuenta que los principales territorios afectados, Canarias, Ceuta y Melilla, siguen en emergencia —pese a haber mejorado ligeramente su situación, en parte por el freno en la llegada de ilegales procedentes del norte de África—.Sin los votos suficientes para la tramitación parlamentaria , trabajo que debe realizar a contra reloj la ministra, la mayoría de autonomías gobernadas por el Partido Popular han mostrado ya su rechazo frontal a una prórroga en los mismos términos, exigiendo mayor coordinación, respeto a sus competencias y recursos económicos adecuados. El pasado sábado ABC ya avanzó que el Estado bloquea unos 400 millones procedentes de Europa que deberían servir financiar la manutención de los menores.Desde el ámbito autonómico también se subraya la saturación de los servicios de acogida y la dificultad de garantizar una integración efectiva de los menores en condiciones dignas. A estas críticas se suman voces que reclaman una política migratoria más firme y una mayor implicación de la Unión Europea en el control de fronteras.El Gobierno volverá a imponer la prórrogaAnte el nuevo desencuentro evidenciado este miércoles, sin debate sobre la necesidad de la medida, el Gobierno volverá a imponer la prórroga de un año para obligarles a acoger a menores de forma forzosa. Una situación que generará un nuevo choque que posiblemente se dirimirá en los tribunales, donde ya se está estudiando el primer decreto, pero que mientras los jueces no resuelvan será de obligatorio cumplimiento. En las próximas semanas será el Consejo de Ministros el que tendrá que dar forma a este nuevo decreto que dé cobertura legal a la reubicación que, aunque lenta, sigue su curso. Un nuevo texto normativo que, además, según ha podido saber ABC, incluirá también una modificación en forma de aumento de un punto en la valoración de la contingencia.400 Los millones que el Estado bloquea La Unión Europea transfirió más de 560 millones de euros el año pasado para paliar los gastos derivados de la atención a los menores, pero de esta cantidad el Gobierno sigue bloqueando alrededor de 400Teniendo en cuenta que la sectorial de Infancia, en la que están presentes el Gobierno y las comunidades autónomas, no tiene potestad para tumbar la propuesta, sirviendo este órgano únicamente para informar, los ministerios implicados, liderados en este caso por Juventud e Infancia, se lo jugarán todo a una sola carta en el Congreso. La coalición necesita convencer a sus socios habituales, incluyendo ahí un Junts cada vez más distante y con una postura particular con la inmigración, en plena pugna con Aliança Catalana, ya que los diputados del PP no apoyarán su propuesta. Y si el parlamento no lo convalida en un plazo de treinta días a partir de su aprobación, decaerá y dejará en un limbo legal a los menores y en una situación crítica a Canarias .