Una concentración de vecinos en Castro Urdiales (Cantabria) ha reunido a residentes que han alzado la voz contra la regularización masiva de inmigrantes sin documentación aprobada por el Gobierno central mediante real decreto, una medida que los manifestantes califican de «ilegal e inconstitucional» por haber eludido el trámite parlamentario. «Han implantado una tiranía porque lo han hecho mediante un decreto, cuando eso tendría que pasar por el Congreso», denunció Jacobo Zunzunegui, uno de los portavoces de la concentración. Los asistentes argumentaron que España no está en condiciones de acoger a un número masivo de personas cuando los servicios públicos atraviesan, a su juicio, una «decadencia abismal». Como ejemplos, citaron el accidente ferroviario de Adamuz en el que murieron 46 personas por el deficiente mantenimiento de la infraestructura, la muerte de seis jóvenes en Cantabria al caer por un acantilado por falta de inversión en seguridad, el deterioro de las listas de espera en la sanidad pública y el empeoramiento de los ratios alumno-profesor en la educación. «¿Han mejorado los servicios públicos a pesar del incremento de impuestos? Yo veo todo lo contrario», señaló el portavoz. Un ejemplo es mientras el Gobierno de Cantabria continúa retrasando la construcción del hospital que prometió hace años a la ciudadanía, asignó 2,3 millones de euros de fondos públicos a la gestión de centros para menores a través de la Fundación Cuin, una entidad privada. Detrás de la Fundación Cuin no hay una simple organización social, sino un entramado empresarial en el que su presidente, Pedro Tresgallo, figura como representante legal en varias sociedades vinculadas: Incluye Cantabria SL, Inserción Brumas SL y Educación e Integración Cantabria SL. El negocio resulta redondo: a mayor presión migratoria, más centros tutelados; a más centros, más contratos millonarios; y, en consecuencia, mayor facturación para estas empresas. Las cifras de violaciones Uno de los argumentos más contundentes esgrimidos en la concentración fue el incremento estadístico de las violaciones, que según Zunzunegui, ha aumentado cerca de un 300% desde 2017. «No son prejuicios, son datos estadísticos», subrayó, al tiempo que lamentó que quienes señalan esta realidad sean tachados de sectarios. Los manifestantes insistieron en que esa situación, que dijeron vivirse ya en Madrid, Barcelona o Bilbao, no debe extenderse a Castro Urdiales ni al resto de Cantabria. Pisos tutelados en Santander abiertos «sin anunciarlo» La protesta también se centró en la apertura de pisos tutelados en el barrio de Cazoña, en Santander, que según los concentrados se realizó sin información previa a los vecinos del edificio. Los manifestantes aseguraron que residentes de la zona, entre ellos personas mayores y familias con niños, tienen miedo a revelar la ubicación de los pisos o a denunciar la situación «por las posibles represalias». Asimismo, criticaron que en Mioño se habilitara una casa de acogida para supuestos menores no acompañados, aludiendo a un informe del Parlamento Europeo que apuntaría a que en la mayoría de los casos no son menores de edad, y pusieron como ejemplo el caso de Hortaleza, donde un individuo que residía en un centro similar agredió sexualmente a una niña de 14 años cuando él tenía 23. Duras críticas a la alcaldesa Los asistentes dirigieron también sus críticas a la alcaldesa de Castro Urdiales, a quien acusaron de dirigirse a los vecinos «de manera altiva» y de haber anunciado que no concurrirá a las próximas elecciones municipales. «Abandona el pueblo. Esa es la clase política que merece este país», sentenció el portavoz entre los abucheos de la multitud. La concentración concluyó con cánticos que reclamaban pensiones y ayudas sociales para los nacionales y para las personas mayores residentes en España.