La confesión de Aldama y el valor de su testimonio para impulsar la investigación sobre los amaños de los contratos de mascarillas durante la pandemia y los sobornos que pudo pagar al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su asesor, Koldo García, a cambio de un trato preferente del Gobierno socialista, han provocado un debate interno en la Fiscalía que ha zanjado la fiscal general, Teresa Peramato, imponiendo su criterio sobre el del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Así se conoció a última hora de este lunes, cuando fuentes fiscales confirmaron que este miércoles, durante los informes finales de la causa, el representante de Anticorrupción mantendrá su petición de siete años de prisión para Aldama -los que ya figuraban tanto en el escrito de acusación presentado el pasado noviembre como en el de conclusiones provisionales- a pesar de sostener que su confesión ha sido primordial para la causa.Se esperaba que, al acabar el juicio, en las conclusiones definitivas, la Fiscalía reconociera el papel fundamental de Aldama en el impulso de la instrucción e instara al tribunal a aplicar una atenuante de confesión muy cualificada , por la que se redujera en dos grados la pena para cada delito, dejándolos por debajo de los dos años de prisión cada uno de ellos, lo que facilitaría al empresario y comisionista no tener que ingresar en la cárcel en caso de condena.Noticia relacionada general No No Aldama puede eludir la cárcel aunque la Fiscalía mantenga la petición de siete años Carmen Lucas-TorresSegún ha podido saber ABC, el debate en el seno del Ministerio Público giró entorno a si la colaboración de Aldama ha tenido la «intensidad» suficiente, según marca el artículo 21.4 del Código Penal, para premiarle con una atenuante muy cualificada que reduzca en dos grados la petición de pena para cada uno de los delitos que ha reconocido (cohecho continuado, organización criminal y uso y aprovechamiento de información privilegiada). Las revelaciones del comisionista no sólo han ayudado a avanzar en la causa de las mascarillas, sino que también han llevado a la apertura de una investigación a Santos CerdánEn caso de que la máxima responsable del Ministerio Público hubiera compartido el criterio de que la información aportada por el comisionista es lo suficientemente valiosa, el fiscal jefe Anticorrupción habría pedido una rebaja aún mayor que la reflejada en el escrito de conclusiones provisionales. Era la manera de reconocer la colaboración del coacusado. Así lo debía esperar también la defensa de Aldama, ejercida por el exmagistrado de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán, que ha orientado tanto las declaraciones del empresario durante la instrucción como la prestada el día 29 de abril, en el juicio, a demostrar la intención de facilitar al máximo de la labor de la Justicia, aunque sea implicándose en graves delitos.Fue Aldama quien apuntó a los intermediarios en la supuesta búsqueda de viviendas para el exministro como dádiva por abrir las puertas de la Administración al empresario que han declarado como testigos en el juicio, respaldando su versión; fue Aldama quien reveló que su socio pagó el alquiler de la expareja de Ábalos, Jésica Rodríguez, quien también ha corroborado los hechos o fue Aldama quien apuntó a que el hermano de Koldo García recibió 20.000 dólares, en dos sobres, en República Dominicana de parte de otro colaborador del empresario, Javier Serrano. Una versión que también acreditó la trabajadora de éste último que hizo las entregas. Las revelaciones del comisionista no sólo han ayudado a avanzar en la causa de las mascarillas, sino que también han conllevado la apertura de otra investigación por el presunto cobro de mordidas de adjudicaciones de obra pública de la Dirección General de Carreteras (DGT) y de Adif en la que está investigado el también exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Una causa que se desgajó de la investigación por las mascarillas y que se instruye en la Audiencia Nacional.Sin embargo, el debate y la indicación de última hora -acatada por Luzón, cumpliendo con la jerarquía de la institución- de Peramato fue que no se modifique la petición de prisión para Aldama, quien también apuntó durante la declaración en el juicio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de quien dijo que si se demuestra que hay una trama corrupta, él «es el número uno». El cambio de criterio de Luzón instado por la fiscal general, reflejado en la modificación en rojo en su informe de conclusiones, al que ha tenido acceso este diario. ABCEl cambio de criterio de Luzón instado por la fiscal general se refleja en la modificación en rojo en su informe de conclusiones, al que ha tenido acceso ABC, en el que se rellenaron los huecos previstos para las peticiones de penas con el siguiente texto: «Por el delito de organización criminal, 'cuatro años' de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; por el delito continuado de cohecho, 'tres años' de prisión, multa de doce meses con una cuota diaria de 300 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por nueve años. Por el delito de aprovechamiento de información privilegiada, multa de 3.713.981 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de dos meses en caso de impago y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un año». «Conceptos indeterminados»Fuentes de Anticorrupción trasladaron a este periódico que aunque en el debate acabó imponiéndose el criterio de la Fiscalía General, los conceptos abordados fueron tan «indeterminados y valorativos» que el resultado podría haber sido el contrario. En todo caso, el jefe de Anticorrupción asume la jerarquía del Ministerio Público e instará finalmente a que se aplique una atenuante cualificada aunque la argumentación sea compatible con una muy cualificada. Las fuentes fiscales consultadas no quisieron dar detalles de los debates internos y, desde la Fiscalía General se justificó «que esas conversaciones, cuando se producen, se refieren estrictamente a aspectos técnico jurídicos de los procedimientos en los que interviene la Fiscalía».