La alondra ricotí y las macrogranjas avícolas proyectadas en Maranchón protagonizan uno de los conflictos ambientales más llamativos de Castilla-La Mancha. Un ave de apenas 18 centímetros y entre 35 y 40 gramos se cruza en el camino de cinco instalaciones industriales de escala gigantesca que la multinacional AVIAGEN proyecta en el término municipal de Maranchón, en la provincia de Guadalajara. La Plataforma para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa ha presentado formalmente ante el Ayuntamiento de Maranchón (Guadalajara) un escrito que alerta de un hecho nuevo y sobrevenido: la publicación por la Junta de Castilla-La Mancha del procedimiento para aprobar el Plan de recuperación de la alondra ricotí (Chersophilus duponti), especie incluida oficialmente en la categoría de en peligro de extinción desde 2023. Un paseriforme en peligro La alondra ricotí es un paseriforme de tamaño medio, con 18 cm de longitud y un peso que oscila entre 35 y 40 gramos. Presenta un marcado dimorfismo sexual, siendo los machos más grandes y pesados. Posee un pico casi tan largo como la longitud de su cabeza, marrón claro y curvado, con cabeza sin cresta, lista ocular pálida y plumaje de tonos pardos que alterna bordes claros y oscuros conformando un patrón críptico. Su nombre es la onomatopeya de su canto, inconfundible en los páramos al amanecer pero muy difícil de rastrear: es muy esquiva y sabe camuflarse muy bien en la vegetación baja. Su distribución en España es muy fragmentada y localizada, restringida a cinco núcleos principales: los páramos de la Meseta, los páramos del Sistema Ibérico, la depresión del Ebro, La Mancha y el sureste peninsular. Camino de la extinción La Lista Roja Europea de Aves 2021 registra un máximo de 4.700 individuos de esta especie en toda Europa, con tendencia decreciente. Se estima una población actual mínima de 3.116 machos territoriales en España, lo que supone una disminución del 4,62% respecto al censo anterior. Si no se ponen en marcha los planes de recuperación que exige la ley, la alondra ricotí podría desaparecer en los próximos veinte años de España, según un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid editado por SEO/BirdLife. En 2006, SEO/BirdLife la nombró Ave del año con el fin de frenar su declive, pero veinte años después sigue perdiendo poblaciones y efectivos.

Un plan que cambia las reglas El borrador del nuevo Plan de recuperación autonómico reconoce expresamente la extrema vulnerabilidad de esta diminuta ave y señala la fragmentación y pérdida de hábitat como una de sus principales amenazas. El documento refuerza la necesidad de proteger no sólo las áreas críticas de la alondra ricotí sino también la conectividad ecológica de su territorio. La Plataforma advierte de que varias de las macrogranjas avícolas proyectadas por AVIAGEN en Maranchón, incluyendo las previstas en el entorno de Turmiel y Clares, se ubican en un territorio vinculado a la subpoblación de alondra ricotí o en su zona de influencia ecológica. Hábitat comprometido «Mientras la Junta reconoce oficialmente la extrema vulnerabilidad de la alondra ricotí y refuerza su protección, continúan avanzando proyectos de macrogranjas en el mismo territorio afectado. Este nuevo contexto no puede ser ignorado», señalan los portavoces Pedro García y Luis Gutiérrez. La plataforma subraya que no se trata de actuaciones aisladas sino de un conjunto de cinco explotaciones intensivas proyectadas en el entorno de una misma subpoblación, lo que hace especialmente preocupante cualquier análisis fragmentado del impacto ambiental del proyecto.

Impacto acumulativo «El propio borrador reconoce que la fragmentación del hábitat es una amenaza principal para la especie. Esto obliga a valorar con especial rigor cualquier proyecto que incremente la presión territorial, la alteración paisajística o la pérdida de conectividad ecológica», recalcan desde la entidad. La organización señala que la escala de las macrogranjas —instalaciones de dimensiones industriales pensadas para cientos de miles de aves de producción— contrasta de forma radical con el tamaño y la fragilidad del ecosistema estepario que habita la alondra ricotí, un ave que nidifica directamente en el suelo y cuya subpoblación en Maranchón era ya una de las más vulnerables del territorio castellanomanchego. Licencias urbanísticas La Plataforma recuerda que corresponde al Ayuntamiento de Maranchón la concesión de las licencias urbanísticas y de actividad. Considera imprescindible que el nuevo contexto ambiental derivado del Plan de recuperación quede incorporado de forma expresa en cualquier decisión pendiente o futura. «Este nuevo marco obliga también al Ayuntamiento a extremar la prudencia antes de consolidar decisiones irreversibles mediante nuevas licencias o autorizaciones», añade la entidad. Las actuaciones adoptadas sin integrar plenamente este escenario podrían generar impactos difícilmente reversibles sobre el territorio. Una contradicción de fondo La Plataforma considera profundamente contradictorio que, mientras se impulsa un plan de recuperación para la alondra ricotí, continúe avanzando administrativamente un macroproyecto cuya implantación podría afectar al mismo territorio cuya protección se pretende reforzar. «No se puede reforzar la protección de una especie en peligro y al mismo tiempo avanzar administrativamente como si ese nuevo contexto no existiera», concluyen sus portavoces. La entidad advierte de que esta incoherencia compromete la credibilidad de las propias políticas de conservación. Firmas y movilización vecinal Además de las alegaciones presentadas en el proceso participativo autonómico, la Plataforma ha solicitado formalmente al ayuntamiento que el hecho nuevo quede recogido de forma expresa en cualquier resolución relacionada con las licencias del proyecto. Esta iniciativa se suma a la reciente presentación de 154 firmas de vecinos de Turmiel que representan la práctica totalidad de la población local directamente afectada y evidencian una oposición social mayoritaria. La Plataforma reafirma su compromiso de seguir utilizando todas las vías legales, administrativas y de participación pública disponibles para garantizar que la protección de la biodiversidad y de la población local sean consideradas de forma rigurosa y coherente.