El sindicato Manos Limpias ha solicitado una pena de diez años y tres meses de prisión para la tetraprocesada Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por la presunta comisión continuada de delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, de acuerdo con el escrito de acusación al que ha tenido acceso OKDIARIO. Por otra parte, pide para el empresario Juan Carlos Barrabés una condena de dos años y tres meses de cárcel por tráfico de influencias. Según el escrito, Begoña Gómez se habría prevalido de su condición de cónyuge del presidente del Gobierno para que el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, ordenara al entonces vicerrector de Relaciones Institucionales, Juan Carlos Doadrio, la creación exprés de una cátedra extraordinaria que ella dirigiría. «Lo que se hace con rapidez, tratándose de la única cátedra que dirige una persona sin titulación superior», subraya la acusación. El currículum que Gómez envió a la UCM la presentaba como licenciada en Marketing. La principal actividad de esa cátedra, Transformación Social Competitiva, se centró en el desarrollo de un software informático. Paralelamente, en julio de 2020, Begoña Gómez suscribió dos cartas de recomendación a favor de las empresas del empresario Juan Carlos Barrabés. Estas cartas coincidieron con reuniones mantenidas en el Complejo de La Moncloa y se emitieron valiéndose de su condición de codirectora de la cátedra, con el objetivo de facilitar la adjudicación de contratos públicos por parte de la entidad Red.es. Manos Limpias sostiene que Gómez «se lucró personalmente» de la creación de la cátedra, que le sirvió como medio de desarrollo profesional. Constituyó una sociedad mercantil para explotar el software desarrollado en el ámbito universitario, registró una marca y un dominio de Internet. Se habría apropiado del programa informático detrayéndolo del patrimonio público de la UCM, con un valor estimado que excede los 108.000 euros según un informe pericial. Además, la acusación apunta a que, para el desarrollo de la cátedra y el derivado negocio privado, Gómez se valió del tiempo de trabajo y los medios de María Cristina Álvarez Rodríguez, personal eventual de la Presidencia del Gobierno, quien le prestó asistencia y desempeñó funciones auxiliares. Manos Limpias califica los hechos como delito continuado de tráfico de influencias, según los artículos 428 y 429 del Código Penal, y delito continuado de malversación de caudales públicos, según los artículos 432, 432 bis y 433, con aplicación del artículo 74. Para Begoña Gómez pide, por tráfico de influencias 2 años y 3 meses de prisión, 11 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y multa del duplo del beneficio obtenido (incluidos los 15.000 euros percibidos por la cátedra). Por malversación pide 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación absoluta (o, subsidiariamente, 6 años de prisión y 10 años de inhabilitación). O sea, en total  10 años y 3 meses de cárcel, más elevadas penas de inhabilitación. Para el empresario Juan Carlos Barrabés, solicita 2 años y 3 meses de prisión por un delito de tráfico de influencias, como autor, inductor o cooperador necesario, junto a 11 años de inhabilitación y multa.