El Ejecutivo clasifica información relativa al proceso de regularización de inmigrantes al que el Consejo de Ministros dio luz verde en abril —tras un pacto con Podemos, de forma unilateral, sin el Congreso— y al que se espera que se acojan, según cálculos gubernamentales, más de medio millón de personas extranjeras en nuestro país. A «todos aquellos documentos necesarios para el planeamiento, preparación o ejecución» del real decreto ley, ya en vigor, se les ha otorgado, «con carácter genérico, la clasificación de SECRETO O RESERVADO (las dos principales categorías de clasificación de los documentos del Estado)», según se desprende de una respuesta parlamentaria al Partido Popular, fechada a mediados de febrero. Una medida que asume el Ministerio del Interior que capitanea el socialista Fernando Grande-Marlaska y, por ende, está suscrita únicamente a su ámbito competencial, a la que ha tenido acceso ABC.«¿A cuántos extranjeros va a beneficiar en total? ¿Cuántos expedientes se han tramitado ya? ¿Cuántos hay con antecedentes y cuántos sin ellos? ¿Quién los ha tramitado? ¿De qué forma se han tramitado? ¿Qué número de expedientes está asumiendo cada organismo que está participando en la tramitación de los mismos, tales como Correos, Tragsa y las oenegés?» Estos son varios de los muchos interrogantes sin respuesta que los de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados plantearon al Ejecutivo.Además de todos estos datos, buscaban acceso a informes jurídicos, notas técnicas, evaluaciones internas de riesgos y análisis jurídicos sobre la compatibilidad de la norma con la legislación actual vigente elaborados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional y sus unidades dependientes —la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) y el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF)—. Una petición que le ha sido denegada en dicha contestación, que llegó el 30 del mes pasado, ya con la ley vigente, en la que el Gobierno se acoge a que lo solicitado se encuentra afectado por la regulación en materia de secretos oficiales y, en concreto, por la todavía vigente Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales. Noticia relacionada general No No El Senado da la espalda a la política migratoria del Gobierno por partida doble Juan Casillas BayoEn otras palabras, el Gobierno decreta secretos los puntos más calientes del proceso de regularización. Estos son todos los informes policiales relativos a la certificación de carencia de antecedentes penales o policiales en España —que ya, por su propia naturaleza, son de carácter reservado—, así como la acreditación de que los solicitantes no suponen una amenaza para la seguridad nacional. No obstante, de comprobar la veracidad tanto de la documentación de permanencia (será necesario haber permanecido en el país, al menos, durante cinco meses de manera ininterrumpida con fecha anterior al 1 de enero de 2026) como de la personal de los interesados.En cualquier caso, Interior es el encargado de tramitar los expedientes de extranjería y, en última instancia, el encargado de conceder la autorización de residencia legal en nuestro país, lo que no obsta a que, una vez finalice el proceso, se informe del numero total de regularizaciones tanto por comunidades autónomas como por provincias al igual que hizo en 2005 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que ya regularizó de forma extraordinaria a más de 560.000 personas. No obstante, no pueden aportar expedientes concretos, es decir, no pueden entrar en las particularidades de cada solicitante de papeles. Eso sí, si una vez se esté en posesión de la regularización administrativa se comete cualquier delito, el Ministerio estaría en la obligación de señalar que dicho inmigrante se acogió al actual proceso de legalización extraordinaria. A Migraciones «no le consta»Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la cartera de Elma Saiz, por su parte, alega, en cambio, en el mismo escrito no tener constancia alguna de la existencia de los datos e informes solicitados. Entre ellos, las instrucciones y comunicaciones con Interior relativas a la tramitación del decreto y las advertencias de instituciones europeas, agencias de la Unión Europa o autoridades de otros Estados miembros sobre el impacto de la misma en el espacio Schengen.El PP, en su solicitud parlamentaria, apuntaba a que el Ejecutivo habría impulsado el real decreto de regularización extraordinaria «sin recabar previamente informes técnicos, operativos ni de Inteligencia» elaborados por las unidades especializadas de la Policía Nacional competentes en materia de extranjería, inmigración y control de fronteras. Aseguran los populares en la Cámara Baja, capitaneados por la portavoz Ester Muñoz, además, que se ha tenido conocimiento de la existencia de informes internos de carácter reservado que habrían advertido de los riesgos jurídicos y operativos. En este sentido, señalaron especialmente al control de antecedentes penales y el uso, en su lugar y como planeaba el Ejecutivo en un principio para aquellos extranjeros que no tuvieran posibilidad de probarlos, de declaraciones responsables, que hubiera podido contradecir el artículo 31.5 de la Ley de Extranjería. Finalmente, el Gobierno rectificó y los inmigrantes que no acrediten sus antecedentes no podrán regularizarse. La nueva ley de Secretos Oficiales que quiere impulsar la Moncloa prevé 35 años más 10 de prórroga para la desclasificación automática de los documentos catalogados como «secreto»Todo ello lo suscribe su diputada Ana Vázquez, una de las firmantes de la solicitud de datos, en conversación con este diario. A ojos de la popular, la clasificación bajo secreto obedece a un movimiento del Gobierno para colocar una «mordaza» a los trabajadores de los ministerios implicados «porque se les estaba yendo de madre las filtraciones de documentos contrarios a la regularización». «Nos están ocultando las cifras reales», denuncia Vázquez, quien alerta, basándose en un supuesto informe de la Comisaria General de Extranjería que habría salido a la luz, de que el número de regularizados alcanzaría 1.350.000, al que habría que añadir las reagrupaciones familiares que elevarían los cálculos a más de dos millones. En redes sociales, la parlamentaria del PP ha denunciado asimismo que la Moncloa esconda también los antecedentes penales y policiales «hasta dentro de 35 años», refiriéndose al plazo de 35 años más 10 de prórroga que establece la nueva ley de Secretos Oficiales que quiere impulsar Pedro Sánchez para la desclasificación automática de documentos catalogados como «secreto» y que sustituirá a la normativa de 1968 en la que no se dan plazos para levantar el secreto.