Los miembros de Equipo Económico, el despacho de asesoría económica y jurídica fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en 2006 y del que salió en abril de 2008, tratan de anular la causa en la que se les investiga por presuntamente crear una red de influencias que habría conseguido modificaciones legales beneficiosas para sus clientes (del sector gasístico) a cambios de grandes sumas de dinero.Una treintena de personas están investigadas desde 2017 en el caso abierto por el juez de Tarragona Rubén Rus, entre ellos los socios directores del despacho y casi una decena de cargos de Hacienda nombrados por Montoro cuando volvió a la política y que el juez vincula al despacho profesional. Los hechos que se imputan a todos no han trascendido hasta siete años después, cuando el magistrado ha levantado el secreto del sumario. Un periodo de silencio inédito en las instrucciones penales.La defensa de los miembros de Equipo Económico, a quienes el juez instructor todavía no ha tomado declaración como investigados , insta a la Audiencia de Tarragona a invalidar los autos iniciales de la causa, que consideran «prospectiva» y nula, puesto que se sostiene en un «hallazgo casual» durante un registro por una investigación medioambiental, alegando vulneración de los derechos fundamentales de los artículos 18 y 24 de la Constitución.Noticia relacionada No No El juez del caso Montoro reclama más documentación de Equipo Económico y prorroga la instrucción Elena BurésInicio de la causaLa investigación se basa en un registro practicado el 9 de noviembre de 2017 en las sedes de la compañía Messer Ibérica de Gases en Vila Seca y en El Morell, en el marco de unas diligencias por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y contra la Administración Pública, derivada de la construcción de una planta por parte de dicha compañía en El Morell. Durante dicho registro -practicado por los Mossos en pleno 'procés', coincidencia temporal sobre la que fuentes próximas a Equipo Económico llaman la atención, aunque lo excluyen de las alegaciones ante la Audiencia de Tarragona- los agentes dieron con otros correos electrónicos sobre servicios prestados a partir de diciembre de 2013 y que consideraron describían actuaciones que pudieran ser constitutivas de delito. La principal imputación del juez, según sus autos, es que «se presenta como muy probable el hecho de que la modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de impuestos especiales [beneficiosa para empresas gasísticas], que tuvo lugar en 2014, fuese consecuencia directa de la intermediación de Equipo Económico con el Ministerio de Economía del Gobierno de la Nación». En su recurso ante la Audiencia, consultado por ABC, la defensa de los miembros de Equipo Económico denuncia que la «legitimación de la aprehensión» de la nueva información en la que se sustenta la investigación por hasta 12 delitos de corrupción, entre ellos el cohecho, el tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios o corrupción en los negocios, se produjo ocho meses después de dicho hallazgo, el 20 de julio de 2018. Ese es un motivo más para alegar la ilegalidad del inicio de la causa y pedir que ésta sea anulada.El magistrado justificó, en línea con lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción, la necesidad de desarrollar la investigación por la «falta de concreción de la oferta de servicios presentada por Equipo Económico a Messer. Indeterminación que podría ser sintomática del hecho que el auténtico propósito de la contratación (la intercesión de Equipo Económico con el Gobierno de la Nación en defensa de los intereses de Messer y, por extensión, de las empresas asociadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM)) fue simulado bajo la apariencia de un contrato formal de prestación de servicios. Es por todo ello que se considera necesario profundizar en la investigación de estos hechos de forma separada e independiente de la investigación que ha permitido hacerlos aflorar». La asociación gasística fue la que contrató los servicios de los asesores de Equipo Económico, aunque ellos aseguran que nunca hablaron directamente con el Gobierno, sino que la interlocución la tenía la citada asociación. En el recurso ante la Audiencia de Tarragona, piden que «se revoque y se deje sin efecto y en su lugar se acuerde la nulidad de la aprehensión de los correos aportados con el oficio de los Mossos d'Escuadra de 20 de abril de 2018 y los autos de 20 de julio y de 2 de agosto de 2018 que acordaron, respectivamente, deducir testimonio de los mismos e incorporarlos a la presente causa al tiempo de su incoación».