La reciente detención de Serigne Mbayé, exdiputado autonómico y secretario de Antirracismo de Podemos, tras ser alertada la policía por un vecino sobre un supuesto intento de robo, ha vuelto a poner sobre la mesa una de las cuestiones más incómodas y persistentemente silenciadas de nuestra sociedad: la perfilación racial. El incidente, que culminó con Mbayé en comisaría y la posterior detención de otras siete personas por atentado a la autoridad, no es un mero suceso aislado. Es el reflejo de una práctica extendida y profundamente arraigada, que desafía los cimientos de un Estado de derecho que se precia de la igualdad ante la ley y la no discriminación. La indignación de Mbayé, que denuncia una "persecución contra las personas racializadas", resuena con la experiencia de miles de ciudadanos que, por el color de su piel o sus rasgos étnicos, son sistemáticamente objeto de sospecha y control policial. Este episodio, lejos de ser una anécdota, exige una reflexión profunda sobre las prácticas policiales y la necesidad imperante de abordar el racismo estructural en España.

Un problema con raíces históricas y una realidad actual innegable

El problema de las identificaciones por perfil racial no es nuevo, ni exclusivo de España. Sin embargo, en nuestro país, la falta de datos oficiales y la negación institucional han permitido que persista en la penumbra. Casos como el de Rosalind Williams, a quien en 1992 un policía le exigió la documentación con la justificación de "identificar a gente como ella", y la posterior rectificación del Comité de Derechos Humanos de la ONU al Tribunal Constitucional español, demuestran que esta práctica ha sido una constante histórica. Estudios de la Universitat de València o de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) han revelado cifras abrumadoras: las personas gitanas tienen 10 veces más probabilidades de ser identificadas que las de apariencia caucásica, y por cada persona blanca identificada, se paran a 42 personas negras en ciertos contextos. Estas estadísticas, aunque parciales, pintan un cuadro desolador de desproporcionalidad y discriminación. La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza', si bien exige el respeto a los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación, es denunciada por numerosos colectivos como una herramienta que, en la práctica, facilita estas identificaciones arbitrarias. La experiencia de Serigne Mbayé, un exdiputado, subraya que ni siquiera la visibilidad pública o el estatus social ofrecen protección contra esta realidad.

La urgencia de la transparencia y la rendición de cuentas

Uno de los mayores obstáculos para combatir la perfilación racial es la ausencia de datos oficiales. La "infradenuncia" es un fenómeno generalizado, ya que las víctimas a menudo encuentran difícil denunciar a la misma institución que perciben como vulneradora de sus derechos, y carecen de herramientas para probar el motivo racial de una identificación. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA) ya ha señalado que solo un 9% de las personas discriminadas denuncian formalmente, y que en España, un 66% de los identificados perciben una motivación racial. Esta falta de datos impide una comprensión completa del problema y, por ende, la formulación de políticas públicas efectivas. Es fundamental que se implementen, como ha pedido el Defensor del Pueblo, formularios de identificación y registro que incluyan la raza y nacionalidad de la persona controlada, así como el motivo de la identificación. El ejemplo de Fuenlabrada, donde la implementación de estos registros redujo drásticamente la desproporción en las identificaciones y aumentó la tasa de acierto policial, demuestra que la transparencia no solo es una cuestión de derechos, sino también de eficiencia policial. Si los agentes son funcionarios del Estado, su actuación debe ser transparente y sujeta a escrutinio público.

Implicaciones futuras: Hacia una sociedad más justa y equitativa

La persistencia de la perfilación racial tiene profundas implicaciones para la cohesión social y la confianza en las instituciones. Cuando una parte de la ciudadanía se siente sistemáticamente discriminada y perseguida por las fuerzas del orden, la legitimidad del Estado de derecho se ve erosionada. La lucha contra el racismo no es solo una cuestión de derechos humanos, sino de estabilidad democrática. Es imperativo que las instituciones españolas, desde el Ministerio del Interior hasta las delegaciones del Gobierno y los propios cuerpos policiales, reconozcan la existencia de este problema y actúen en consecuencia. Esto implica no solo la recopilación sistemática de datos, sino también la formación específica de los agentes en materia de derechos humanos y no discriminación, la revisión de los protocolos de actuación y la implementación de mecanismos de control y sanción efectivos. La detención de Serigne Mbayé debe ser un punto de inflexión, una llamada de atención ineludible para que España abandone su negacionismo y aborde con valentía y determinación un problema que afecta la dignidad y la libertad de miles de sus ciudadanos. Solo así podremos construir una sociedad verdaderamente justa, donde el color de la piel no sea un pretexto para la sospecha y la discriminación, y donde la confianza en la policía sea un valor compartido por todos.