Entre las razones que han llevado al Gobierno vasco a conceder el régimen de semilibertad a varios de los más sanguinarios terroristas de ETA hay algunas que rozan —siendo generosos— la tomadura de pelo o la infamia, porque abrir las puertas de prisión a quienes acumulan condenas en casos centenarios con el argumento de la «ausencia de adicciones» es un insulto, si tenemos en cuenta que estos etarras que, según el Gobierno vasco, no son adictos al alcohol o las drogas, no han expresado el más mínimo arrepentimiento por sus crímenes. Lo que llama la atención es que se valore positivamente el «desempeño adecuado de destinos», el «buen uso del permiso y las salidas», el «apoyo familiar» o la «cualificación laboral» -que puntúan al alza- y, sin embargo, una condición inexcusable como es la de pedir perdón no tenga trascendencia alguna. Lo que demuestra que los sanguinarios presos etarras que han salido de la cárcel en las últimas semanas lo han hecho por la vía de una aplicación infame de la ley, que orilla lo fundamental para otorgar relevancia a lo accesorio. En suma, que todo ha sido una burda excusa para sacarlos de la cárcel. O sea, que un preso etarra condenado a centenares de años que no beba o no se drogue y que tenga apoyo familiar puede salir de la cárcel aunque se niegue a disculparse por sus actos sanguinarios. Es la apoteosis de la infamia. Ahora resulta que para el Gobierno vasco es más importante que un etarra en prisión tenga «ausencia de adicciones» que ausencia de los más mínimos valores. En suma, que los terroristas más sanguinarios pueden aliviar su horizonte penal si dejan de beber, por ejemplo, aunque se resistan a pedir perdón a sus víctimas. Es verdaderamente obsceno, pero todo responde a una estrategia política en la que Sánchez no es inocente. Al fin y al cabo, no sería presidente sin el apoyo de Bildu.