El mero anuncio de la norma que prepara el Gobierno, con independencia de que la ley sea aprobada en el Congreso de los Diputados, que no parece, revela la catadura intervencionista —una forma de comunismo de nuevo cuño— de este Ejecutivo. Y es que la pretensión de sindicalizar los comités de dirección de todas las empresas con más de 50 empleados responde a la pulsión totalitaria de un Gobierno que pretende controlarlo todo, puro estalinismo revestido falsamente de defensa de la democracia que quiebra de raíz el artículo 38 de la Constitución, que preserva los principios de libertad de empresa. Por si fuera poco, la medida, que desprecia la actual negociación colectiva, parece obviar que la representación de todos los trabajadores ya está garantizada a través de los comités de empresa. ¿Qué pretende entonces Pedro Sánchez con esta medida? Pues limitar la propiedad privada y convertir a las empresas en sucursales del poder político. Insistimos en que es difícil que una ley como esta, con la actual representación política del Parlamento, pueda ver la luz, pero el intento del Gobierno es indiciario de su obsesión por invadir el ámbito privado. Lo que pretende el Ejecutivo está inspirado en el denominado «Control Obrero» de Venezuela, iniciativa chavista que buscaba entregar la administración y control de una empresa privada a sus trabajadores. No fue ninguna novedad, por cierto, porque era puro marxismo: se trataba de desmontar el Estado capitalista por la vía de acabar con la propiedad privada de los medios de producción. No hay que ser muy sagaz para concluir que la ley que pretende sacar adelante el Gobierno es una aberración que va contra la iniciativa privada y vulnera las más elementales normas de la economía de mercado. Sería algo insólito en la UE, pues la imposición de un modelo socioeconómico propio de regímenes autoritarios espantaría la inversión extranjera. ¿Quién iba a invertir en España un solo euro en estas condiciones?