La Fiscalía ha pedido al Tribunal Constitucional que anule la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación por un revelación de datos reservados de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. En su recurso, que anunció la nueva fiscal general, Teresa Peramato en su primera entrevista, en TVE, el Ministerio Público denuncia la vulneración de varios derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la tutela judicial efectiva.En su escrito, la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, la misma que pidió su absolución en el Supremo, asegura que Garcia Ortiz cumplió con su obligación de «informar verazmente» y que no pudo haber revelación de secretos porque los datos supuestamente revelados ya eran conocidos por los medios y respondían a «imputaciones delictivas falsas aparecidas».Noticia relacionada general No No El juicio de Ábalos confirma a Ferraz como centro de pagos e ingresos en dinero negro Carmen Lucas-TorresUno de los argumentos de la fiscal es que el Supremo no tuvo en cuenta los testimonios de los periodistas que negaron que su fuente de información fuera el ex fiscal general. «Para el Tribunal Supremo, existe una suerte de licencia constitucional para mentir que inhabilita de antemano la credibilidad del testimonio de descargo prestado por un periodista que se ha acogido a dicho secreto. Esa interpretación del secreto periodístico conduce al Tribunal Supremo a hacer una valoración parcial y sesgada de contundentes testimonios de descargo prestados en el juicio oral por profesionales de la información (algunos de ellos, acompañados de corroboración documental), pese a que estos conducían inequívocamente a una conclusión absolutoria», apunta.También denuncia el Ministerio Público que el Supremo vulneró del derecho a un proceso con todas las garantías en relación con a los registros practicados, al secreto de las comunicaciones, a la intimidad y protección de datos «Uno de los indicios que sustentan la condena (el borrado por parte del acusado de sus conversaciones personales) fue obtenido de forma ilícita, pues fue resultado de una (indiscriminada) medida de injerencia adoptada por el magistrado instructor que no estaba justificada por razón de la penalidad del delito investigado, ni tenía en cuenta la información de extrema sensibilidad en poder del acusado, así como el carácter de domicilio profesional de su despacho oficial», apunta.