En paralelo a la investidura de María Guardiola , que previsiblemente será reelegida presidenta de la Junta de Extremadura con el apoyo de PP y Vox, a los más de 340 kilómetros de distancia que separan la plaza San Juan de Dios y la carrera de San Jerónimo, el Congreso de los Diputados debatirá este miércoles una moción de los de Santiago Abascal que exige garantizar la «prioridad nacional» en el acceso a ayudas públicas y a vivienda social. El concepto no es nuevo, fue pactado por ambos partidos en el acuerdo para gobernar juntos la región extremeña, pero días después de su rúbrica ha provocado un choque prenatal entre los futuros socios de coalición por una discrepancia de interpretaciones.Vox repite por activa y por pasiva que lo pactado pactado está. Mientras que desde Génova todo son matices, letra pequeña. Las dos formaciones se comprometieron a dar prioridad nacional en la concesión de ayudas públicas y en el acceso a la vivienda social en Extremadura, pero, al hecho de que algunas competencias son estatales, se une que la ley de extranjería garantiza a los residentes inmigrantes los mismos derechos sociales que a los españoles. Es decir, para que realmente se pudiesen aplicar esas políticas, sería necesaria una reforma legal en clave nacional que excede la capacidad de cualquier Gobierno autonómico y que, además, podría chocar contra tratados de la Unión Europea que tampoco permiten discriminar a los ciudadanos comunitarios.El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, aseguró el domingo que no se puede permitir que en su región suceda lo mismo que en Extremadura. Unas palabras que han generado un gran malestar en Bambú y que este martes ha afeado la portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Cámara Baja, Pepa Millán, quien ha acusado a dirigentes del PP de un intento de «boicotear» lo que, a su juicio, les han reclamado los ciudadanos en una comunidad que si nada se tuerce demasiado, seguirá presidiendo Guardiola. En una moción de Vox sobre las políticas públicas del Gobierno, que 'a priori' debería suponer un dolor de muelas para Pedro Sánchez, la papeleta más complicada la tienen los populares.Noticia relacionada general No No Vox acusa a líderes del PP de «boicotear» el acuerdo de Extremadura Carlos MullorEl partido de Abascal no solo reclama esa prioridad nacional en las ayudas y la vivienda, sino que pide que el Congreso inste al Gobierno a repatriar a todos los inmigrantes sin papeles y a proceder a la «remigración» de todos aquellos extranjeros que no contribuyan a la economía nacional. También reclama que se derogue el real decreto del Ejecutivo para la regularización extraordinaria de los inmigrantes que llevasen viviendo en España cinco meses continuados antes del 1 de enero. Algo que, antes de ser aprobado en el Consejo de Ministros, ya le reclamó la Cámara Baja al Ejecutivo a través de una moción del PP. Según fuentes parlamentarias, algunos diputados del PP valorarían votar en contra incluso si Vox acepta la enmienda de su grupoLa formación de Alberto Núñez Feijóo, en una encrucijada, ha optado por presentar una enmienda al texto de Vox que elimina algunas cuestiones, como la expulsión inmediata de personas en situación irregular, y suaviza otras, como la prioridad nacional. Un término que el principal partido de la oposición asume, pero que vincula también con quienes mantienen «un arraigo real, duradero y verificable con el territorio». Por ejemplo, en el caso del acceso a vivienda social, los populares plantean un mínimo de diez años de residencia para compra y de cinco para alquiler. No obstante, el hecho de que se acepte el marco de Vox de la «prioridad nacional», según ha podido saber ABC, ha generado un profundo malestar en algunos miembros del Grupo Parlamentario Popular. La cuestión ha generado debate interno y, según fuentes parlamentarias, algunos diputados incluso valorarían votar en contra de la moción aun aceptándose la enmienda del PP.Algo, por otra parte, que en principio no sucederá. Y es que la intención de Vox es utilizar el Congreso de escaparate para que se vea cuál es su propuesta de máximos, que difiere del pacto alcanzado con el PP en Extremadura, donde ambas partes han tenido que ceder fruto de la negociación para investir a Guardiola y evitar una repetición electoral. Y eso pasa por rechazar la enmienda popular. Algunos sectores del PP temen incluso que haya un movimiento de Abascal detrás de todo esto para hacer saltar por los aires la proclamación de Guardiola como presidenta autonómica, aunque desde Vox, por ahora, diferencian entre Extremadura y sus desavenencias con Génova, que no ocultan. «Si es arraigo, si no es arraigo, vamos a ver. Todas las medidas van encaminadas a garantizar la prioridad nacional», decía esta mañana en la sala de prensa del Congreso la diputada Millán. En el PP, parece, no lo tienen tan claro.