Ana, de 32 años, trabaja en una consultora de marketing en el barrio de Malasaña. Cada mañana, mientras espera el metro en Tribunal, echa un vistazo rápido a las noticias en su móvil. El alquiler de su piso compartido se ha disparado, la cesta de la compra es un dolor de cabeza y el euríbor no para de subir. Pero hay un número que, aunque lo ve a menudo en los titulares, le resulta abstracto: la deuda pública española. “¿1,6 billones? ¿Y eso qué significa para mí? ¿Más impuestos? ¿Menos pensiones?”, se pregunta. Y no es la única. La mayoría de los españoles, sin importar su edad o su barrio, desde el Eixample de Barcelona hasta el Polígono Sur de Sevilla, intuyen que esa cifra es un problema gordo, pero pocos entienden su magnitud o, lo que es más importante, quién terminará pagando la cuenta.

Lo cierto es que la deuda pública en España ha alcanzado cotas históricas. A cierre del primer trimestre de 2024, el endeudamiento del conjunto de las administraciones públicas se situó en 1.617.915 millones de euros ^[3]. Es una cantidad que, para ponerla en perspectiva, equivale a más de 33.000 euros por cada habitante del país, desde el recién nacido hasta el jubilado. Y sí, esa cifra sigue creciendo.

El elefante en la habitación: ¿Cuánto debemos y cómo hemos llegado hasta aquí?

La deuda pública no es un concepto nuevo. Todos los países se endeudan para financiar sus gastos, invertir en infraestructuras o cubrir déficits. El problema surge cuando esa deuda se vuelve desproporcionada respecto a la capacidad de la economía para generarla. Y en España, esa proporción se ha disparado. Si en 2007, antes de la Gran Recesión, la deuda rondaba el 36% del PIB, hoy supera el 107% ^[3]. Un salto brutal en apenas quince años.

¿Cómo hemos llegado a este punto? No hay una única causa. Es una mezcla de factores que se han ido acumulando, como capas de cebolla, a lo largo de las últimas décadas. La crisis financiera de 2008 fue el primer gran golpe. El rescate bancario, las ayudas a la banca y el aumento del gasto social para mitigar el impacto del desempleo dispararon las cifras. Luego llegó la crisis de la deuda soberana en la Eurozona, que nos puso contra las cuerdas. Y, sin ir más lejos, la pandemia de COVID-19 supuso otro mazazo, con un gasto público masivo para sostener la economía y la sanidad.

Pero no solo han sido las crisis. También hay una parte estructural. España arrastra un déficit crónico en sus cuentas públicas. Gastamos más de lo que ingresamos. Y esa diferencia se cubre con deuda. El envejecimiento de la población, con un sistema de pensiones que cada vez tiene más presión, y un gasto sanitario creciente son factores que no ayudan. “El problema no es solo la cantidad, sino la tendencia”, explica Carlos García, catedrático de Economía de la Universidad Complutense. “Hemos tenido periodos de crecimiento económico donde no se aprovechó para reducir significativamente la deuda. Y eso, a la larga, pasa factura”.

Las causas profundas: Más allá de las crisis

Es fácil culpar a las crisis, y tienen su parte de razón. Pero la realidad es más compleja. La estructura económica española, con una dependencia importante del turismo y la construcción, nos hace vulnerables a los choques externos. Cuando la economía se frena, la recaudación de impuestos cae en picado, pero el gasto público, lejos de reducirse, suele aumentar para amortiguar el golpe.

Y luego está la gestión política. Diferentes gobiernos, de distinto signo, han contribuido al engorde de la deuda. A veces por necesidad, como en la pandemia; otras, por decisiones de gasto que no siempre han ido acompañadas de una reforma estructural de los ingresos. El déficit estructural, ese que persiste incluso en épocas de bonanza, sigue siendo un quebradero de cabeza.

El Banco de España ha advertido en repetidas ocasiones sobre la necesidad de consolidar las finanzas públicas. En su último informe económico trimestral, señalaba que “la ratio de deuda pública sobre PIB se mantiene en niveles elevados, lo que limita el margen de maniobra ante futuras perturbaciones y genera vulnerabilidades” ^[3]. Es un mensaje claro: estamos con el agua al cuello.

Las consecuencias: ¿Qué significa esto para el ciudadano de a pie?

Aquí es donde la cifra abstracta empieza a tocar la vida de Ana y de millones de españoles. La deuda pública no es solo un número en los balances del Estado; tiene implicaciones directas en el bolsillo de la gente.

Primero, los intereses. Pagar la deuda cuesta dinero. Mucho dinero. En 2023, el Estado español destinó más de 30.000 millones de euros solo a pagar los intereses de su deuda. Eso es una cantidad similar al presupuesto de defensa o al de educación. Dinero que no se puede invertir en sanidad, en infraestructuras, en investigación o en bajar impuestos. ¿Entendemos ahora por qué no hay dinero para según qué cosas?

Segundo, la presión fiscal. Para financiar ese gasto y pagar los intereses, el Estado necesita recaudar. Y eso se traduce en impuestos. Impuestos sobre la renta, el IVA, impuestos especiales. Si la deuda sigue creciendo, la presión para aumentar la recaudación será cada vez mayor. Esto afecta directamente a la capacidad de consumo y ahorro de las familias.

Tercero, el riesgo país. Un nivel de deuda muy alto puede generar desconfianza en los mercados. Si los inversores perciben que un país es incapaz de pagar su deuda, exigirán mayores intereses para prestarle dinero. Esto encarece aún más la financiación del Estado y puede llevar a una espiral peligrosa. Sin ir más lejos, durante la crisis de la deuda soberana, la prima de riesgo española llegó a niveles que ponían los pelos de punta.

Y cuarto, el futuro de las pensiones. Este es uno de los puntos más delicados. El sistema de pensiones español es de reparto, lo que significa que las cotizaciones de los trabajadores actuales pagan las pensiones de los jubilados. Con una población cada vez más envejecida y una tasa de natalidad baja, el equilibrio es precario. La deuda pública, en este contexto, es un lastre adicional. “Si no se aborda la sostenibilidad de la deuda, las pensiones se verán comprometidas, ya sea por recortes o por una mayor presión fiscal sobre los trabajadores”, advierte María López, economista especializada en seguridad social. Es una verdad incómoda, pero es la realidad.

Comparativa europea: ¿Estamos solos en esto?

España no es el único país con una deuda elevada. La pandemia disparó el endeudamiento en toda Europa. Pero algunas cifras nos sitúan en una posición más vulnerable que otros.

Según datos de Eurostat, la ratio de deuda pública sobre PIB de la Eurozona se situó en el 88,6% a finales de 2023. España, con su 107,7% ^[3], está significativamente por encima de la media. Países como Alemania (63,6%) o Países Bajos (47,5%) tienen sus cuentas mucho más saneadas. Incluso Francia (111,9%) o Italia (137,3%) presentan cifras más elevadas, pero sus economías tienen características diferentes, como un mayor peso industrial o una mayor capacidad de ahorro interno.

Portugal, que también sufrió una grave crisis de deuda, ha logrado reducir su ratio de deuda del 131% en 2020 al 98,7% en 2023. ¿Cómo lo han hecho? Con un control férreo del gasto y un crecimiento económico sostenido. Es un ejemplo de que es posible revertir la situación, aunque requiere disciplina y reformas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado que, aunque la deuda global se ha estabilizado, los países con altos niveles de endeudamiento, como España, deben priorizar la consolidación fiscal ^[4]. No es una recomendación, es una advertencia.

¿Quién pagará la factura? La carga intergeneracional

Esta es la pregunta del millón. Si la deuda es de todos, ¿quién la paga? La respuesta corta es: las generaciones futuras. Ana, la joven de Malasaña, y sus hijos, si los tiene, serán quienes hereden esta hipoteca.

La deuda pública es, en esencia, un impuesto aplazado. Se contrae hoy para financiar gastos de hoy, pero se paga mañana. Y ese pago se hará a través de impuestos más altos, recortes en servicios públicos o una menor capacidad de inversión del Estado.

Los jóvenes de hoy, que ya enfrentan dificultades para acceder a una vivienda, encontrar empleo estable o formar una familia, cargarán con un peso adicional. “Es una injusticia intergeneracional”, sentencia un joven activista de un movimiento por el clima en el barrio de Lavapiés. “Nosotros no hemos vivido los años de bonanza, pero sí pagaremos las facturas de las crisis y la mala gestión”.

Y es que, el Estado no tiene dinero propio. El dinero que gasta es el que recauda de los ciudadanos o el que pide prestado. Y cuando pide prestado, lo hace en nombre de todos. Es una cadena sin fin si no se rompe el ciclo.

Posibles soluciones y perspectivas de futuro: ¿Hay luz al final del túnel?

Reducir la deuda pública no es tarea fácil, ni rápida. Requiere un plan a largo plazo, consenso político y decisiones valientes. No hay varitas mágicas.

Una de las vías es el crecimiento económico. Si el PIB crece a un ritmo superior al de la deuda, la ratio deuda/PIB se reduce de forma natural. Pero para eso, España necesita reformas estructurales que aumenten la productividad, fomenten la inversión y mejoren la competitividad. El INE, en sus informes de mercado laboral, muestra una recuperación del empleo, pero también una persistencia de la temporalidad ^[1]. Y el IPC sigue siendo un factor de preocupación para las familias ^[2].

Otra vía es el control del gasto público. Esto no significa necesariamente recortes indiscriminados, sino una gestión más eficiente de los recursos. ¿Hay duplicidades en las administraciones? ¿Se puede optimizar el gasto en ciertos servicios? ¿Se pueden reformar las subvenciones? Son preguntas que deben abordarse sin tabúes.

Y, por supuesto, la reforma fiscal. No se trata solo de subir impuestos, sino de tener un sistema tributario más justo y eficiente, que recaude lo necesario sin asfixiar a la economía. Combatir el fraude fiscal, por ejemplo, podría aportar recursos significativos.

El Banco de España ha insistido en la necesidad de un plan de consolidación fiscal creíble y a medio plazo. “Necesitamos un compromiso firme para reducir el déficit estructural y situar la deuda en una senda descendente”, afirmó su gobernador en una reciente comparecencia. Esto implica acuerdos políticos que trasciendan los ciclos electorales.

El papel de Europa y los fondos Next Generation

Europa, a través de los fondos Next Generation, ha inyectado una cantidad considerable de dinero en la economía española. Estos fondos, destinados a la recuperación y la transformación, son una oportunidad única para modernizar el tejido productivo y aumentar el potencial de crecimiento. Pero también son deuda europea que, en última instancia, deberá ser devuelta.

La clave está en cómo se utilizan esos fondos. Si se invierten en proyectos que realmente generen valor añadido, empleo de calidad y un aumento de la productividad, pueden ser un motor para reducir la deuda a largo plazo. Pero si se dilapidan en proyectos poco eficientes o se utilizan para cubrir gastos corrientes, serán solo un parche temporal que engordará aún más el problema.

La Comisión Europea, por su parte, vigila de cerca las cuentas de los Estados miembros. Las nuevas reglas fiscales, que entrarán en vigor en 2025, exigirán a los países con altos niveles de deuda planes de ajuste más ambiciosos. España tendrá que presentar un plan creíble para reducir su deuda en los próximos años. No hay escapatoria.

Reflexión final: ¿Estamos dispuestos a mirar la verdad a los ojos?

La deuda pública española es un problema mayúsculo, un gigante silencioso que crece en la sombra. No es un tema que gane elecciones, ni que genere grandes titulares, salvo cuando se alcanzan cifras récord. Pero es, sin duda, uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el país.

Mirar hacia otro lado no hará que desaparezca. Al contrario, la bola se hará más grande. La factura se pagará, tarde o temprano. Y si no somos capaces de abordarla con seriedad y consenso, serán nuestros hijos y nietos quienes la hereden, con menos oportunidades, menos servicios y una carga fiscal insoportable.

¿Estamos dispuestos, como sociedad, a tomar las riendas? ¿A exigir a nuestros políticos planes realistas y no solo promesas de gasto? ¿A entender que el bienestar de hoy no puede hipotecar el de mañana? Es una conversación incómoda, sí. Pero es una conversación que España, desde el barrio de Triana hasta el de Gràcia, necesita tener. Y cuanto antes, mejor. La hipoteca sin fin no se pagará sola.

Fuentes:

^[1] INE - Instituto Nacional de Estadística: "Informe de mercado laboral" (https://www.ine.es/prensa/epa_prensa.htm)

^[2] INE - Instituto Nacional de Estadística: "Estadísticas de precios al consumo" (https://www.ine.es/prensa/ipc_prensa.htm)

^[3] Banco de España: "Informe económico trimestral" (https://www.bde.es/bde/es/areas/analisis-economico/)

^[4] Fondo Monetario Internacional (FMI): "Perspectivas económicas para España" (https://www.imf.org/es/Countries/ESP)

^[5] Idealista Research: "Análisis del mercado inmobiliario" (https://www.idealista.com/news/inmobiliario/)