Pablo y su novia María, ambos de 22 años, decidieron en junio del año pasado irse a vivir a la localidad de Palmanyola, en Mallorca, con un simple objetivo: tener una vida estable junto con su hijo de sólo dos años. Sin embargo, desde que entraron en un modesto piso de alquiler por un precio de 1.000 euros mensuales, el día a día de estos dos jóvenes se ha convertido en un limbo administrativo. El origen de todo está en una inmobiliaria que se niega sistemáticamente a formalizar el contrato de arrendamiento. La familia entró en el inmueble tras alcanzar un acuerdo verbal con el gestor de fincas. Sin embargo, a día de hoy, el contrato físico sigue sin ser entregado pese a que están pagando religiosamente cada mes, un hecho que está afectando directamente a los derechos más fundamentales tanto de la pareja como del menor. Y es que la ausencia de contrato les impide empadronarse en el municipio de Bunyola, lo que ha desencadenado un efecto dominó devastador. Por un lado, han sido retirados de la lista de espera del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), ya que la mujer tuvo que empadronarse en Huelva para poder acabar los estudios. Además, tienen graves dificultades para gestionar la tarjeta médica y otros trámites esenciales para su hijo de dos años. «No sé dónde estoy pagando, no sé si esto se trata de una estafa», lamenta a OKBALEARES Pablo, quien se siente totalmente desprotegido y solicita ayuda jurídica para afrontar la situación. Amenaza de desahucio La situación ha dado un giro aún más oscuro en las últimas semanas. A pesar de que la vivienda presenta desperfectos visibles, como una piscina que pierde agua constantemente, la propiedad les ha lanzado un ultimátum: o pagan 100 euros más al mes (1.100€ en total) o se enfrentan al desahucio. Esta subida es inasumible para la pareja, que trabaja en el sector náutico, ya que trastoca por completo su planificación económica mensual. Además, les han comunicado que la plaza de parking pactada originalmente tampoco les pertenece, rompiendo otra parte del acuerdo inicial. Cada vez que Pablo intenta contactar con la inmobiliaria para formalizar el contrato o reclamar los desperfectos, la respuesta es el silencio o la coacción. «Solo recibimos amenazas de que nos tenemos que ir si no aceptamos la subida», denuncian. En un intento desesperado por buscar ayuda, la familia ha acudido al Ayuntamiento de Bunyola, pero por ahora no han encontrado una solución que obligue a la propiedad a cumplir con lo pactado. Y entre sus planes también está acudir a la Guardia Civil para presentar una denuncia y poner fin a esta problemática que les lleva persiguiendo desde hace casi un año.