Las familias del CEIP Son Pisà de Palma han empezado una huelga educativa para mostrar su rechazo a la incorporación de un profesor condenado por un caso de acoso a un alumno menor de edad, sucedido en 2021. La Federación de Asociaciones de Familias de Alumnos (FAPA) de Mallorca ha mostrado su apoyo a las cerca de 200 personas, que han acudido este miércoles a una reunión celebrada en el centro para evaluar las próximas iniciativas que puedan adoptar y solicitar más información ante estos hechos. El portavoz de FAPA Mallorca, Miquel Àngel Guerrero, ha indicado, en declaraciones a Europa Press, que un 40 % del alumnado no ha asistido a clase este mismo miércoles, con motivo de la huelga educativa convocada de manera improvisada por la súbita reincorporación del docente. En la reunión, tanto la agrupación de familias, porque ha hecho un seguimiento del caso desde hace dos cursos, como el equipo directivo han dado la máxima información. De este modo, los allí reunidos han acordado que, en la medida que puedan, continuarán con la huelga hasta que la Conselleria de Educación y Universidades no dé alguna alternativa o más información, puesto que la Apima y la dirección del CEIP Son Pisà tienen una reunión solicitada. Guerrero ha explicado que este jueves hay convocado un consejo escolar extraordinario para abordar la situación, al que acudirá el inspector educativo de la zona para responder las dudas de los interesados, porque están «muy alteradas». La postura de la FAPA es que esta persona «no debería dar clases a niños» y ha recordado el momento en el que este mismo docente se iba a reincorporar al CEIP Maria Antònia Salvà al principio de curso, cuando la Conselleria le exigió pasar una inspección médica previa. El docente finalmente se cogió una baja médica y Educación retiró este requisito. Guerrero ha criticado que, al no tener esta obligación, la reincorporación se puede hacer «como si nada». Así, ha señalado que «no les convencen» los motivos para anular esta exigencia, puesto que, a su manera de ver, era «la única herramienta» para mantener al docente «alejado de las aulas» y esto habría provocado que solicitara su reincorporación. Consultado por los motivos que originaron esta retirada, ha sostenido que la Conselleria alegó que, al estar de baja, ya no sería necesaria. Sin embargo, ha sostenido que la inspección no era para valorar su estado de salud, sino «la idoneidad para sus funciones». Por otro lado, ha remarcado que el maestro presentó un contencioso contra esta orden y «pocos días después» se quitó la exigencia, algo que, a su juicio, aunque Educación no relacione una cosa con otra, «es una coincidencia muy difícil de explicar». La sentencia no le inhabilita Desde la Conselleria de Educación y Universidades han indicado que el docente estaría cubriendo una plaza de interino en el centro desde hace unos días por una baja y la ley le «ampara» por lo que «no se puede hacer nada», ya que en la sentencia no se le ha inhabilitado. Aun así, han recordado que en el Parlament se ha impulsado una modificación legislativa de la ley estatal para la protección de la infancia para que, en casos como este, no se permita a los docentes dar clases.