Vox ha registrado esta semana en el Parlament una Proposición No de Ley (PNL) para reclamar al Gobierno de España que garantice la «prioridad nacional». Una propuesta que tiene todos los visos de caer en saco roto a tenor de las explicaciones dadas hoy por el portavoz del Govern, Antoni Costa, y la consellera de Asuntos Sociales, Sandra Fernández. El PP no está por la labor. Costa ha asegurado que el Ejecutivo balear no «contribuirá» al debate nacional generado por el concepto de «prioridad nacional» planteado por Vox, recordando ciertas medidas ya pactadas con este partido. «Como interpretamos nosotros esta cuestión, que creo que es sentido común, es priorizar a la gente de aquí», ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, tras ser preguntado por este tema. Ha subrayado que el «concepto que maneja Baleares» es exigir tres años de residencia legal para acceder a la Renta Social Garantizada (Resoga) y a la renta de emancipación, una cuestión pactada hace tiempo con los de Santiago Abascal, así como cinco años para acceder a una vivienda pública. Preguntado por la iniciativa que Vox ha llevado al Parlament para exigir al Gobierno que «garantice la prioridad nacional», Costa ha señalado que si va «en los términos» que entiende el Govern, la apoyarán, aunque no ha aclarado cuál será su postura argumentando que no ha leído al detalle la propuesta. En esta línea, la consellera de Familias, Atención a la Dependencia y Bienestar Social, Sandra Fernández, ha apuntado que «más allá del debate de los conceptos, el Govern se queda con aquellas medidas que sí que son efectivas y que se pueden aplicar». Vox ha registrado en el Parlament una proposición no de ley (PNL) para reclamar al Gobierno de España que «garantice la prioridad nacional». «El PP en Extremadura ya lo ha aceptado. Lo que se puede hacer en Extremadura se puede conseguir en Baleares y en el resto de España», dijo la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. La iniciativa, entre otras cuestiones, exige al Gobierno que reconozca que «los españoles tienen preferencia en el acceso a los servicios públicos». «Algo tan elemental que da vergüenza tener que pedir», ha concluido.